Gustavo Fondevila

Hace unos días comenzó a circular el rumor de que se iba a acelerar la preliberación de reclusos de cárceles capitalinas para desahogar la situación de alarmante hacinamiento. Al parecer, el Jefe de Gobierno habría dado la orden de dejar libres a mil 800 presos en marzo.

Pero después de que la noticia se filtró a los periódicos, las autoridades se lo pensaron. Liberar presos a las apuradas no es una medida precisamente atractiva para las clases medias de esta Ciudad (aunque se viene haciendo hace años). Mucho menos, cuando los votantes se enteran que no hay planes integrales de reinserción social, ni sistemas de seguimiento, ni dinero para brazaletes electrónicos. En pocas palabras, se abre la puerta, salen unos cuantos y la Ciudad se desentiende del asunto. Como dijo un alto funcionario del gobierno -que pidió permanecer en el anonimato-: "salen los viejos, los enfermos, los sidosos... y no se arregla nada". En la mayoría de los casos, esta gente regresa a sus comunidades y familias que ni siquiera pueden sostenerlos.

¿Y cómo salen? Eso es lo más interesante. En una conferencia de la semana pasada en el Senado, en ocasión del debate de la nueva ley antisecuestro, Carlos Vilalta afirmó -basado en la encuesta a población en reclusión del CIDE- que el 81 por ciento de los secuestradores presos creen que van a poder beneficiarse de la preliberación. Ellos dicen esto por experiencia propia, porque el 40 por ciento declara que los ministerios públicos le pidieron dinero para dejarlo ir. Y lo cierto es que no están tan equivocados. El Director de Ejecución de Sanciones Penales, José Manuel Casaopriego aceptó días atrás que durante varios años se concedió la preliberación a secuestradores con sentencias altas y pocos años purgados en cárcel. En resumen, a aquellos que podían pagar su salida. No hay más que recordar a Dolores García Eslava (ex directora de ejecución de sanciones penales) acusada de extorsionar a familiares de reos para tramitar y apurar el beneficio...
 
Soluciones desesperadas.

¿Qué sentido tiene liberar a mil 800 reclusos si al otro día, se encarcelan a 2 mil 500? En los últimos años, la población carcelaria ha aumentado un 22 por ciento. Y eso señala que la preliberación es una medida paliativa de segundo orden para solucionar el problema de nuestros reclusorios. Es como construir más cárceles. Si no se apunta a la causa de la sobrepoblación, al poco tiempo el sistema se vuelve a saturar (solo resta mirar al reclusorio de Santa Martha Acatitla que meses después de haber sido terminado ya estaba lleno).

¿Y cuál es el problema? Por un lado, un sistema penal represivo que sigue pensando que la cárcel es la mejor solución para todos los problemas delictivos. Y por el otro, el sistema de estímulos perversos de las policías. Cuando un agente recibe un bono económico por detenciones, lo que entiende es que el sistema quiere detenidos y la forma más fácil de conseguirlos es concentrándose en la población vulnerable: jóvenes y pobres.

Por estos dos motivos, tenemos los reclusorios llenos de jóvenes pobres encarcelados por delitos patrimoniales menores como robos pequeños y hurtos. Entonces, cuando aumenta la tensión al interior de los penales y se vuelven incontrolables, las autoridades nos dicen que van a abrir la puerta a un grupo de reclusos que en realidad, nunca debieron estar allí, o en el peor de los casos, a aquellos que deberían quedarse allí, por ejemplo, los secuestradores.

Lo que hay que hacer es buscar alternativas viables a la cárcel y dejar de pensar que la reclusión es el único castigo posible, al menos, para algunos delitos. Como ya dijo el ombudsman capitalino Luis González Plascencia, no todos los castigos deben cumplirse en prisión. Y para esto, lo que se necesita es voluntad política para hacer cambios profundos, reformas de largo plazo cuyos beneficios se vean en los próximos años. Hay que aprovechar mayorías en la Asamblea Legislativa y aprender a formar consensos. De otro modo, vamos a seguir con medidas como ésta que sólo sirven para mejorar el error de siempre.