Durante la última década, en el país y en las dos partes de la Zona Metropolitana del Valle de México (Distrito Federal y municipios conurbados del Estado de México), hemos avanzado en lo relacionado con la democracia formal:
* las leyes y los organismos electorales autónomos garantizan procesos electorales más democráticos y transparentes que en el pasado y sus resultados son más creíbles -y creídos- para la población;
* se ha logrado abrir el camino a la alternancia en el poder ejecutivo en las delegaciones, los municipios, las gobernaciones y la Presidencia de la República; *y los órganos legislativos estatales y federales expresan una mayor pluralidad de los partidos políticos registrados, los cuales actúan en parte como contrapesos al poder ejecutivo respectivo.
En el ámbito de la democracia real, de la participación directa de los ciudadanos en las decisiones públicas, por el contrario, los avances se revelan mucho más limitados. Parecería que el autoritarismo que caracterizó al viejo régimen se niega a desaparecer, que los gobernantes prefieren seguir gobernando sin la participación directa de los ciudadanos; que los legisladores quieren tener las manos libres y mantener el monopolio de la legalidad; y que los partidos políticos y sus estructuras burocráticas no desean compartir el poder, ni siquiera con sus militantes. Parece ser que los tres sectores piensan que los derechos ciudadanos se limitan a votar cada tres años para elegir a legisladores y gobernantes, entre los candidatos que nos propongan los partidos reconocidos, y que después de la jornada electoral tenemos que aceptar sin discusión sus decisiones durante todo el período, hasta el siguiente evento electoral, no importa lo que hagan o dejen de hacer, pues no existe la revocación del mandato, y la rendición de cuentas ante los ciudadanos es formal, pues no tiene implicaciones.
Retraso de la participación en el ámbito nacional
Veamos en donde estamos en términos de los instrumentos de la participación ciudadana. La Constitución y las leyes secundarias federales no incluyen el plebiscito ejecutivo, el referéndum legislativo, la iniciativa popular, la audiencia pública, la revocación popular del mandato ejecutivo o legislativo. El gobierno federal no reconoce como interlocutoras a las organizaciones sociales autónomas; ni existen instancias, espacios o procesos institucionalizados en donde los ciudadanos puedan participar en las decisiones fundamentales de política pública.
Por esta ausencia, estamos ante una paradoja: luego de que termine el debate nacional sobre la reforma petrolera, pactado a gritos y sombrerazos por los partidos políticos en los órganos legislativos, nadie sabe como concluirá éste ni cómo se llegará a una decisión que exprese las posiciones ciudadanas resultantes del debate. Todo se decidirá como antes, como siempre: mediante el voto de los partidos y sus alianzas; poco importará lo que haga o diga la sociedad en el debate; y es muy posible que si se realiza la consulta popular de que hablan los opositores al proyecto, ésta carezca de representatividad y de vigencia legal.
En el DF, más avance pero muy contradictorio
En el DF, los avances de la participación han sido contradictorios. La ley local consagra el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, y la audiencia pública, pero no la revocación del mandato. Pero en 10 años de vigencia de la ley, solo se aplicó una vez - con poco éxito -, la fórmula del plebiscito, para aprobar o rechazar el 2o piso de AMLO, por exigencia de los ciudadanos y no por decisión del gobernante. Los demás procedimientos siguen sin ser convocados, ni siquiera por el órgano legislativo que los aprobó. Sólo una vez se eligieron las instancias de representación ciudadana directa en las demarcaciones territoriales, creadas por la Ley de Participación Ciudadana del DF; y luego de las repetidas reformas a la ley local, seguimos esperando que se convoque a una nueva elección. No se reconocen legalmente, como interlocutoras válidas de los poderes locales, a las organizaciones sociales y ciudadanas autónomas. Y los Consejos Consultivos de los organismos gubernamentales, creados por ley, siguen estando sometidos al poder Ejecutivo, y sus integrantes son nombrados por éste y no por los ciudadanos a quienes representarían.
En los municipios conurbados, pocos avances significativos
En el Estado de México y, por tanto, en los municipios conurbados, existe el referéndum, que puede convocar el Gobernador para asuntos legales y constitucionales, pero no para otras decisiones. Están ausentes los demás mecanismos de participación ciudadana. Los municipios cuentan con los órganos de participación ciudadana para la planeación y la gestión -subordinados al Ejecutivo quien designa a sus integrantes-, pero con pocas funciones y operatividad. No existen en la legislación formas permanentes de representación en los ámbitos territoriales –colonias o barrios–, que garanticen una participación cotidiana de los habitantes en los asuntos que son de su interés, ni un medio de defensa de sus intereses frente al nivel local del Estado.
Metrópoli sin instrumentos suficientes de participación
En general, podemos afirmar que en la ZMVM, el ejercicio del poder reposa en el Ejecutivo y el Legislativo, sin que los ciudadanos cuenten con instancias, mecanismos, procesos y espacios institucionales para su participación directa en los asuntos públicos. El vínculo privilegiado, con múltiples canales de relación, no institucionalizados pero públicos y visibles, se establece entre el poder estatal en sus tres ramas y los poderes civiles, económicos y sociales dominantes, formales o informales.
Así, decisiones como la realización de múltiples mega-obras viales, que comprometen durante años el presupuesto financiado con nuestras contribuciones fiscales, que afectan nuestra vida cotidiana hoy y que definen el marco de vida de nuestros hijos y de las generaciones futuras -pero que en la práctica benefician a sectores sociales y ámbitos territoriales específicos y muchas veces minoritarios- han sido tomadas en pequeños comités o unipersonalmente por los gobernantes, al margen de los intereses y las opiniones de la gran mayoría de los habitantes de la metrópoli.
Los canales fundamentales de participación radican, sin lugar a dudas, en las formas espontáneas, informales, no institucionales de participación, como las organizaciones vecinales o del Movimiento Urbano Popular, de larga historia en la ZMVM, objeto hasta ahora de desconocimiento como interlocutores, de ignorancia, o de control corporativo y clientelar, por parte de los distintos partidos y gobiernos, o de la represión.
Exigir y ejercer la participación ciudadana
Hay que reconocer que gran parte de la responsabilidad de este bajo nivel de institucionalización y práctica de la participación ciudadana radica en el desinterés de los ciudadanos, quienes agobiados por la vida cotidiana en la gran metrópoli, no ejercen o han renunciado a su derecho político y social a participar en el diseño, control y evaluación de las políticas públicas.
Tenemos la necesidad de revertir este curso negativo de la participación de los ciudadanos de la metrópoli en las decisiones de política pública que nos conciernen y en la defensa de nuestros legítimos intereses como sujetos del derecho y como habitantes de la ciudad. Ahora, que se acentúa la tendencia hacia una partidocracia como forma de gestión pública, parece más necesario que nunca que los ciudadanos mismos impulsemos la organización en núcleos y en redes, autónoma de los gobiernos y los gobernantes, activa en la defensa de los intereses ciudadanos y la propuesta de opciones de desarrollo y bienestar. Nosotros mismos tenemos que crear los espacios de participación; proponer e impulsar la institucionalización legal de los procesos de participación; y resistir los cantos de sirena del clientelismo de los políticos y los gobernantes, cuyos intereses no son, necesariamente, los mismos nuestros.
Todo esto es necesario y urgente, si queremos dar el paso de una democracia simplemente representativa, delegada a la burocracia política, hacia una democracia participativa, ciudadana, directa.